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Reporteros sin fronteras

Política

Entre corrupción, ejecuciones y desapariciones 

Desde su inicio, la gestión del ex presidente Enrique Peña Nieto estuvo marcada por el sello de la impunidad entre numerosos escándalos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Como muestra ejemplar, sólo en la segunda mitad de 2014 se produjeron o conocieron tres de los más impactantes crímenes del sexenio (el mandato presidencial comenzó en 2012 y duró seis años).

Uno de éstos involucra al ex mandatario y también a su ex esposa, Angélica Rivera, y es conocido popularmente como el escándalo de la Casa Blanca: en noviembre de 2014, una investigación periodística reveló que la pareja vivía en una mansión valuada en 7 millones de dólares, que aparecía registrada a nombre de una de las empresas del Grupo Higa, perteneciente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, un constructor que recibió numerosos contratos públicos multimillonarios de las administraciones de Peña Nieto, la que tuvo como gobernador del Estado de México (2005-11) y la subsecuente, como presidente de la República.

Para atajar el descontento, Peña Nieto puso a cargo de la investigación a uno de sus subalternos, Virgilio Andrade, quien en unos meses llegó a la conclusión de que nadie había cometido falta alguna. En contraste, el equipo de periodistas que descubrió el asunto, dirigido por Carmen Aristegui y David Lizárraga, fue despedido de MVS noticias, la emisora para la que trabajaban y, en los hechos, expulsado de la radio mexicana.

Antes, en septiembre de ese mismo año, otros reporteros obtuvieron testimonios que demostraban que lo que el Ejército reportó como un combate entre soldados y secuestradores, que ocurrió en junio de 2014 en la población de Tlatlaya –a hora y media de Ciudad de México-, y cuyos 22 muertos eran todos del bando criminal, en realidad había sido una matanza en la que los militares ejecutaron sumariamente a 15 personas que se habían rendido, como confirmó después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El tercer caso –y el de mayor impacto internacional– lleva el nombre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en la ciudad de Iguala, al sur del país. En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de esa institución fue atacado por criminales y policías municipales, en una acción vigilada y protegida por agentes de cuerpos policiacos estatales y federales, y por unidades del Ejército Mexicano. Mataron a seis personas y 43 jóvenes desaparecieron desde entonces. 

Los trabajos de periodistas y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pusieron en evidencia que la investigación oficial (construida con base en declaraciones arrancadas bajo tortura y destrucción de pruebas) fue un montaje destinado a encubrir la relación entre los agresores y el esquema de tráfico de heroína más importante del continente americano, en el que la ciudad de Iguala juega el papel clave de centro de acopio regional y de envío de los paquetes con droga a la frontera estadounidense.

Un pacto de impunidad

Los 43 normalistas desaparecidos se suman a una cifra mucho más grande: cifras oficiales estiman que las personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio mexicano suman 37 mil 435, a junio de 2018, con una tendencia que empeora: el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas indica que sólo de 2013 al 2017 desaparecieron o se desconoció el paradero de de 19 mil 156 personas.

La falta de capacidad y la ausencia de voluntad de las autoridades para aclarar esos crímenes coloca a México en el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Igualmente, México aparece como el país con mayores niveles de percepción de corrupción en América Latina.

El investigador uruguayo Edgardo Buscaglia califica la ausencia de justicia como un “pacto de impunidad”, en el que políticos, policías, militares, empresarios y compañías trasnacionales se cubren unos a otros las espaldas, bajo la premisa de que el entramado de corrupción es tan complejo que si alguien cae, probablemente provocará la caída de otros.

Esta impunidad, según Miguel Álvarez Gándara, Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, es “estructural y sistemática”, un colapso generalizado del sistema de justicia. Las consecuencias se observan en todos los sectores de la sociedad: entre los más visibles están el de las mujeres, con una proliferación de feminicidios, y el de los periodistas, con un incremento de asesinatos que tocan a perfiles cada vez más altos.

La herencia de una crisis

Con la votación más alta en la historia de México, el tres veces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se convirtió en presidente de México en las elecciones de 2018 y recibió un país hundido en una grave crisis de derechos humanos, de seguridad y debilitamiento en materia económica.

125 mil homicidios dolosos; 47 reporteros asesinados y más de 1900 agresiones contra medios y periodistas; alrededor de 100 mil personas más en la pobreza, para un total de 55.3 millones; un aumento de la carencia alimentaria; más de 35 mil personas desaparecidas o sin localizar; más de 2 mil fosas clandestinas; un promedio de 5 feminicidios diarios; cientos de familias desplazadas; y un sistema judicial ampliamente señalado por víctimas y organizaciones sociales como cómplice de las múltiples deficiencias que impiden alcanzar la justicia.

En este contexto el tabasqueño fue elegido para encabezar el Poder Ejecutivo, respaldado por el voto mayoritario de una sociedad expectante que optó por la alternancia tras haber experimentado el detrimento de sus condiciones de vida a lo largo de 12 años de gobiernos panistas y 6 años del retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante su discurso de toma de posesión, López Obrador prometió que, de la mano del pueblo, se llevaría a cabo un cambio radical en la forma de gobernar, enfocado en el combate a la corrupción e impunidad a través de una política nacionalista y la atención primordial de las clases desfavorecidas, pero sin que esto signifique desatender las demandas de otros sectores de la nación.

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