Política

Entre corrupción, ejecuciones y desapariciones 

Desde su inicio, la gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha estado marcada por el sello de la impunidad entre numerosos escándalos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Como muestra ejemplar, sólo en la segunda mitad de 2014 se produjeron o conocieron tres de los más impactantes crímenes del sexenio (el mandato presidencial comenzó en 2012 y dura seis años).

Uno de éstos involucra al mandatario y también a su esposa, Angélica Rivera, y es conocido popularmente como el escándalo de la Casa Blanca: en noviembre de 2014, una investigación periodística reveló que la pareja vivía en una mansión valuada en 7 millones de dólares, que aparecía registrada a nombre de una de las empresas del Grupo Higa, perteneciente al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, un constructor que recibió numerosos contratos públicos multimillonarios de las administraciones de Peña Nieto, la que tuvo como gobernador del Estado de México (2005-11) y la subsecuente, como presidente de la República.

Para atajar el descontento, Peña Nieto puso a cargo de la investigación a uno de sus subalternos, Virgilio Andrade, quien en unos meses llegó a la conclusión de que nadie había cometido falta alguna. En contraste, el equipo de periodistas que descubrió el asunto, dirigido por Carmen Aristegui y David Lizárraga, fue despedido de MVS noticias, la emisora para la que trabajaban y, en los hechos, expulsado de la radio mexicana.

Poco antes, en septiembre, otros reporteros obtuvieron testimonios que demostraban que lo que el Ejército reportó como un combate entre soldados y secuestradores, que ocurrió en junio de 2014 en la población de Tlatlaya –a hora y media de Ciudad de México-, y cuyos 22 muertos eran todos del bando criminal, en realidad había sido una matanza en la que los militares ejecutaron sumariamente a 15 personas que se habían rendido, como confirmó posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El tercer caso –y el de mayor impacto internacional– lleva el nombre de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde estudiaban los agredidos. En la ciudad de Iguala, en el sur del país, en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes fue atacado por criminales y policías municipales, en una acción vigilada y protegida por agentes de cuerpos policiacos estatales y federales, y por unidades del Ejército Mexicano. Mataron a seis personas y 43 jóvenes siguen desaparecidos desde entonces. 

Los trabajos de periodistas y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pusieron en evidencia que la investigación oficial (construida a base de declaraciones arrancadas bajo tortura y destrucción de pruebas) fue puesta en evidencia como un montaje destinado a encubrir la relación entre los agresores y el esquema de tráfico de heroína más importante del continente americano, en el que la ciudad de Iguala juega el papel clave de centro de acopio regional y de envío de los paquetes con droga a la frontera estadounidense.

Un pacto de impunidad

Los 43 normalistas desaparecidos se suman a una cifra muchas veces más grande: se estima que los desaparecidos en todo el territorio mexicano, en este siglo, son más de 30 mil, con una tendencia que empeora: el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas indica que sólo en los últimos cuatro años, del 2013 al 2017, han desaparecido o no se conoce el paradero de 19 mil 156 personas.

La falta de capacidad y la ausencia de voluntad de las autoridades para aclarar esos crímenes coloca a México en el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia. Igualmente, México aparece como el país con mayores niveles de percepción de corrupción en América Latina.

El investigador uruguayo Edgardo Buscaglia califica la ausencia de justicia como un “pacto de impunidad”, en el que políticos, policías, militares, empresarios y compañías trasnacionales se cubren unos a otros las espaldas, bajo la premisa de que el entramado de corrupción es tan complejo que si alguien cae, probablemente provocará la caída de otros.

Esta impunidad, según Miguel Álvarez Gándara, un activista a quien Peña Nieto le entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, es “estructural y sistemática”, un colapso generalizado del sistema de justicia. Las consecuencias se observan en todos los sectores de la sociedad: entre los más visibles están el de las mujeres, con una proliferación de feminicidios, y el de los periodistas, con un incremento de asesinatos que tocan a perfiles cada vez más altos.

Como a Javier Valdez –un reportero de larga y reconocida trayectoria, reconocido con el Premio Internacional de Libertad de Prensa–, baleado el 15 de mayo de 2017. Dos días después, el presidente Peña Nieto reunió a secretarios de Estado, gobernadores y embajadores para prometer que cumpliría promesas hechas años antes, como la de que estos crímenes serían castigados. Siete meses más tarde, los compañeros de Valdez denunciaron que la investigación había sido congelada.

Publicidad oficial: premiación y garrote

Una investigación académica y otra de The New York Times revelaron que el gobierno utiliza un software ultraespecializado para intervenir las comunicaciones de periodistas y líderes de la sociedad civil. Ante la denuncia de algunas víctimas, Peña Nieto no pidió investigar quiénes son los espías, sino castigar a quienes –según él– difamaron a su gobierno.

Aunque los periodistas han estado probablemente más activos que nunca investigando los abusos del poder, esto es una expresión de iniciativas de grupos pequeños: los grandes medios de comunicación mantienen una relación de complicidad con las autoridades, cimentada a raíz del uso de los presupuestos de promoción de las actividades gubernamentales como premiación y garrote, para recompensar a quienes se alinean al sistema y castigar a quienes disienten.

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